La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunida en el XXXVII Congreso Mundial, en Erevan Armenia celebrado entre el 6 – 10 de de abril del 2010, expresan su extrema preocupación acerca de las situación de las mujeres y comunidades por la intensa militarización del territorio , de la vida civil y de los cuerpos de las mujeres que se intensifica con la presencia de bases militares de los Estados Unidos en Colombia que va implicar un escalonamiento de la guerra en Colombia y el aumento de la tensiones en la región
CONSIDERANDO
Que desde el año 2002 fecha en que inició el primer Gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez se ha aplicado la llamada política de seguridad democrática que niega la existencia del conflicto social y armado en Colombia, calificándolo como una lucha contra el terrorismo que ha originado el desconocimiento del principio de distinción entre civiles y combatientes, el involucramiento de la población civil a través de los programas como la red de informantes, soldados de mi pueblo y soldados por un día , y en consecuencia la vulneración de los principios consagrados en el Derecho Internacional humanitario ratificados por el Estado Colombiano-
Que nuestra preocupación aumenta al constatar que el Gobierno colombiano toma decisiones que ponen en juego la soberanía debido a las injerencias directas provenientes de los mal llamados “convenios de cooperación internacional de seguridad” a través de los cuales se permite la presencia y el establecimiento de tropas estadounidenses en siete territorios de Colombia mediante la entrega de igual numero de bases aéreas, de la armada y del Ejército en Palanquero (centro), Apiay (este) y Malambo (caribe Norte); los fuertes del Ejército Tres Esquinas (Sur), Tolemaida (centro) y las bases navales de Cartagena (caribe Norte) y Bahia Málaga (pacifico oeste) donde se situarán 800 militares y 400 contratistas gozando de plena inmunidad y constituyendo con ello una entrega de la soberanía e institucionalizando la impunidad frente a la violación de las leyes, la constitución y los derechos humanos como ya ha ocurrido con soldados norteamericanos implicados en crímenes y trafico de estupefacientes.
Que la creciente militarización de los territorios, de la vida civil y de los cuerpos de las mujeres en el contexto del conflicto armado interno que vive Colombia, ha significado el incremento de violaciones a los derechos humanos, la agudización del conflicto armado y de mediante las ejecuciones extrajudiciales (de mas de 1600 casos denunciados, mas de 800 corresponden a los últimos 6 años), la judicialización de defensores de derechos humanos, la persecución a través de los organismos de inteligencia dirigida a las dirigentes y organizaciones sociales.
Que la militarización incrementa y profundiza las violencias contra la mujer pues la lógica de la guerra en Colombia ha mostrado como se concibe y trata la vida y el cuerpo de las mujeres como territorio de control y poder mediante la ocupación de los cuerpos de las mujeres por las diferentes fuerzas políticas, militares y económicas en confrontación: el cuerpo como territorio de violencia.
Que ha sido ampliamente reconocido y ratificado por el auto 092 emitido por la Corte Constitucional , el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre las mujeres colombianas y que la situación de las mujeres víctimas demuestra la gravedad de la violencia de género en el país; auto en el que la alta Corte hace un completo análisis de las diferentes violencias de género y considera que éstas se exacerban en medio del conflicto armado.
Que muchas mujeres colombianas, desde lo profundo de sus vientres y con la fuerza de la razón, de la organización y la movilización, así como el amor por sus hijos e hijas y por su país, ven con preocupación la entrega del territorio y soberanía, pues estas se constituyen en campos de batalla para resolver conflictos internos y en la concreción de las estrategias políticas, económicas y militares contra un continente que avanza en la construcción de su propio destino.
Que la ubicación de las siete bases militares con presencia norteamericana en Colombia hace parte de una decisión política geoestratégica que permite controlar la orbita geoestacionaria: es una orbita que gira directamente sobre el Ecuador terrestre. Diez países en el mundo tienen órbitas geoestacionarias: Brasil, Colombia, Ecuador, Congo, Gabón, Indonesia, Kenia, Somalia, Uganda, Zaire, y esto explica el interés del Pentágono de consolidar su presencia en Colombia.
Que las bases militares norteamericanas en Colombia son una estrategia militar y de seguridad para el control de América del Sur cuyos propósitos se resumen en: 1) exploraciones y valoraciones estratégicas. 2) control de la población y de la propiedad del suelo. 3) adecuación de los territorios construcción de infraestructuras 4) Control militar del desarrollo 5) Control fiscal y financiero 6) Acuerdos comerciales y ajustes normativos. 7) Redoblamiento humanitario para la producción.
Que la preocupación por la presencia militar norteamericana en las bases colombianas y en las condiciones de inmunidad planteadas, tiene efectos muy negativos para el disfrute de los derechos humanos y de la paz en Colombia, afectando la estabilidad regional.
Que el incremento de la capacidad de las instituciones colombianas para conducir operaciones de inteligencia y espionaje, el apoyo logístico y mejoramiento de la “seguridad” en el contexto actual de gigantescas operaciones ilegales de inteligencia, constituyen una amenaza para las ya disminuidas democracia, garantías y libertades individuales.
Que la presencia y uso de las bases militares norteamericanas aumentara los riesgos de violencia sexual hacia las mujeres, jóvenes y niñas como se ha demostrado en casos de violación sexual de niñas menores, en las que se han visto envueltos militares estadounidenses adscritos al Plan Colombia; y en otro caso de elaboración de videos pornográficos donde aparece mujeres jóvenes de la zona con militares y técnicos estadounidenses.
RESUELVE.
Exigir al Estado colombiano poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y a la impunidad de estos casos, enjuiciar y castigar a los responsables.
Exigirle al gobierno colombiano dar a conocer en su totalidad y esencia el convenio de cooperación militar firmado entre Colombia y estados unidos.
Establecer una veeduría sociedad civil y comunidad internacional para el seguimiento de los impactos de las bases en las mujeres, territorios y en la región.
Exigir al gobierno nacional el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección de las mujeres y niñas frente a todo tipo de violencias y poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con la violencia de género.
Exigir a los gobiernos de Colombia y Norteamérica amplias garantías públicas sobre el uso de estas bases y que estas no sean utilizadas para agredir ningún país americano.
Exigir la transparencia del proceso y porque los términos de la inmunidad jurídica para militares y contratistas estadounidenses no se definan haciendo uso de cláusulas confidenciales exentas al control democrático. Sobre este principio, podemos abanderar una limitación de la inmunidad que asegure que las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no queden excluidas de la jurisdicción colombiana. Esta apuesta debe poner acento en la no inmunidad para crímenes sexuales, dada la recurrencia y gravedad de esta conducta en casos de tropas extranjeras. También debemos considerar la exclusión de otros delitos que, aunque no constituyan violaciones a los derechos humanos, su inmunidad puede significar una negación al derecho de acceso a la justicia para las personas implicadas.
Ereván, abril de 2010
lunes, 24 de mayo de 2010
jueves, 20 de mayo de 2010
Entrevista con Aura Elisabeth Rodríguez, activista colombiana.
"Firmar un tratado con Uribe es felicitarle por acciones inadmisibles"
La directora ejecutiva de la Corporación Cactus, una ONG de desarrollo, considera que el conflicto armado interno de Colombia penetra cada vez más en las instituciones y que una salida negociada debería estar en la agenda del próximo presidente que saldrá de las elecciones, cuya primera vuelta se celebrará el próximo 30 de mayo. Para esta activista, la presión internacional es fundamental y acuerdos como el Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea firmó ayer con Colombia en la cumbre de Madrid no ayudan, al suponer un espaldarazo a un Gobierno, liderado por el presidente Álvaro Uribe, incapaz de proteger a la población de graves abusos contra los derechos humanos.
¿Qué agenda de derechos humanos cree que debe tener el próximo gobierno?
El tema de los derechos humanos es un gran reto, independientemente de quién gane. Podemos cambiar de gobierno, pero estructuralmente el sistema y la violación de derechos humanos van a continuar, es lo que ha demostrado históricamente el país. Se necesitan armas mucho más fuertes frente a eso. Esperamos que haya una vía negociada al conflicto armado colombiano.
El paramilitarismo ha contaminado el poder legislativo. El Ejecutivo es sospechoso de espionaje a la oposición y grupos de derechos humanos. En ese contexto de descrédito institucional, ¿es la Corte Constitucional una especie de rayo de luz?
En el Congreso anterior, de 237 congresistas, 121 han sido o están siendo investigados por vínculos directos con los paramilitares. En el nuevo Congreso, también hay vínculos, con las esposas de los anteriores accediendo al escaño, así que no hay cambio estructural. Pero, además, el Gobierno ha deslegitimado su propia acción, con todo lo ocurrido con las llamadas chuzadas, [intercepciones telefónicas], donde incluso la oficina de la ONU fue interceptada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), nuestras plataformas de derechos humanos perseguidas, los altos tribunales también. Ahora, cuando vas a ver a los jueces, te hablan con la radio alta al lado, con ruido, para que se distorsione lo que dices y no pueda ser captado. En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido muy fuerte. Se ha pronunciado frente a la situación de desplazamiento, frente a la discriminación de las mujeres y declaró inconstitucional el tercer mandato cuando el Congreso ya lo había aprobado. Es una esperanza para el fortalecimiento de la institucionalidad colombiana.
Cerrada la vía del tercer mandato de Uribe, el candidato del Partido de la U es el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que podría llegar a ser el próximo presidente.
Para nosotros, es inaceptable. No podemos confiar en alguien que era el ministro al frente de Defensa cuando ocurrieron los falsos positivos [asesinatos de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate]. Las ejecuciones extrajudiciales continúan y no sólo eso, los responsables están quedando en libertad. La propia relatora de Derechos Humanos de la ONU dice en un informe que "los abogados defensores [de los militares imputados] han recurrido a prácticas dilatorias e injustificadas mediante presiones y han pretendido que los testigos cambien sus testimonios".
¿Qué le piden al Gobierno de España?
Frente a toda esta situación, nos preguntamos ¿cómo van a firmar un Tratado de Libre Comercio con este Gobierno? Es legitimarlo, es como si se le felicitara por estas acciones que son inadmisibles. El Gobierno español le reconoce logros al colombiano. Las organizaciones de derechos humanos no podemos compartir esta visión. Mientras nuestro Gobierno dice que no existe el conflicto, que se acabó, las evidencias muestran todo lo contrario.
Fuente: http://www.publico.es/internacional/314046/firmar/tratado/uribe/felicitarle/acciones/inadmisibles
Estado Colombiano emula crímenes Nazis: Paramilitares y Hornos Crematorios... El mundo no puede seguir impávido
“(…)Lo echaron vivo ahí(…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”
“cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’(...) Llevaban una carpeta donde anotaban todo(...)”
“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", les confesó el ex paramilitar a los investigadores.
Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.
Lo que revela este tipo de criminalidad es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.
Los paramilitares, esa Estrategia de Terrorismo de estado al servicio de magnates y multinacionales, están arrojando revelaciones macabras ante la fiscalía, ante las cuales el mundo no puede seguir indiferente e impasible.
Los paramilitares, esa Estrategia Estatal de mercenarios para eliminar a los “rojos”, a toda oposición, y a cualquiera que les estorbe, así sea de sus mismas estructuras gremiales, están hablando.
El Paramilitarismo es una estructura que ahora mismo hace su operación Make-UP, recomendada por USA; o sea fingir desmovilizarse, cambiar de nombre y seguir perpetrando las masacres… y para tales efectos, los paramilitares dan uno que otro dato acerca de ubicación de fosas comunes, de metodología de torturas y desaparición…
Los ’paras’ también tenían crematorios en Antioquia
Mayo 2010, Verdad Abierta e Informe Fiscalía de audiencias a paramilitares .
Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio y se espera que otros ex mercenarios aporten más información.
La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.
De este macabro mecanismo se han tenido referencias de su existencia en Norte de Santander. Paramilitares de las Auc que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias ‘el iguano’, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas.
En Medellín el tema de los hornos crematorios de las Auc no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y “la quemaban” para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto.
No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información.
Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta.com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el Oriente antioqueño.
Verdadabierta.com reserva la identidad del ex paramilitar que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de las Auc.
“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", le confesó el ex paramilitar a los investigadores.
Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. “Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las Auc cayeron presos”.
A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión. Del Estado Mayor de las Auc, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil, vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio: “La idea del horno la dio ‘Doblecero’ y la materializó Daniel Mejía”.
Para esos años, Mauricio García, alias ‘Doblecero’, era el comandante del Bloque Metro y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, se había integrado al bloques Cacique Nutibara, facción de las Auc que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.
“De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las Auc y de la Oficina de Envigado”, dijo el ex paramilitar. “Yo escuché que el horno costaba entre doscientos y quinientos ‘palos’ (millones de pesos) y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.
Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. “Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca”.
Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble: “la primera casa en obra negra y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de cinco metros, cuando se llegaba al final se observaba un horno grande de panadería industrial”.
Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: “la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared, tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con tres botones, un botón rojo para prender y los otros dos para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme, tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban dos ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno".
Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas. Y se tenía un procedimiento para ello: “cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alías ‘J’ y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a ‘J’ o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran”.
Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. “A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince”.
Entre las víctimas que recuerda se encuentran dos hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las Farc. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento era usado para “personalidades solamente”.
Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí fue el narcotraficante Julio Cesar Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro y esposo de la modelo Natalia Paris. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante para obtener beneficios jurídicos.
“De ello se enteraron en Antioquia, entonces se reunieron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño. Le querían quitar unas propiedades. Natalia Paris viajó también hasta allá porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio, luego lo mataron y el cuerpo lo llevaron al horno”.
Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias ‘Danielito’, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, dos semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de las Auc. De allí salió porque contra él no pesaba orden de captura de alguna.
“Él fue víctima de su propio invento”, dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. “A Daniel lo desaparecieron junto con diez de sus escoltas en ese horno”. Una noche me llamó un amigo y me dijo ‘se tragaron a Daniel, el patrón’, y nunca más supe de él. Tampoco sé que pasó después con ese horno”.
Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.
Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.
La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de Justicia y Paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.
Fuente: http://www.agenciapensamientocritico.blogspot.com
“cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’(...) Llevaban una carpeta donde anotaban todo(...)”
“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", les confesó el ex paramilitar a los investigadores.
Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.
Lo que revela este tipo de criminalidad es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.
Los paramilitares, esa Estrategia de Terrorismo de estado al servicio de magnates y multinacionales, están arrojando revelaciones macabras ante la fiscalía, ante las cuales el mundo no puede seguir indiferente e impasible.
Los paramilitares, esa Estrategia Estatal de mercenarios para eliminar a los “rojos”, a toda oposición, y a cualquiera que les estorbe, así sea de sus mismas estructuras gremiales, están hablando.
El Paramilitarismo es una estructura que ahora mismo hace su operación Make-UP, recomendada por USA; o sea fingir desmovilizarse, cambiar de nombre y seguir perpetrando las masacres… y para tales efectos, los paramilitares dan uno que otro dato acerca de ubicación de fosas comunes, de metodología de torturas y desaparición…
Los ’paras’ también tenían crematorios en Antioquia
Mayo 2010, Verdad Abierta e Informe Fiscalía de audiencias a paramilitares .
Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio y se espera que otros ex mercenarios aporten más información.
La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.
De este macabro mecanismo se han tenido referencias de su existencia en Norte de Santander. Paramilitares de las Auc que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias ‘el iguano’, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas.
En Medellín el tema de los hornos crematorios de las Auc no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y “la quemaban” para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto.
No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información.
Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta.com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el Oriente antioqueño.
Verdadabierta.com reserva la identidad del ex paramilitar que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de las Auc.
“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", le confesó el ex paramilitar a los investigadores.
Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. “Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las Auc cayeron presos”.
A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión. Del Estado Mayor de las Auc, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil, vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio: “La idea del horno la dio ‘Doblecero’ y la materializó Daniel Mejía”.
Para esos años, Mauricio García, alias ‘Doblecero’, era el comandante del Bloque Metro y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, se había integrado al bloques Cacique Nutibara, facción de las Auc que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.
“De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las Auc y de la Oficina de Envigado”, dijo el ex paramilitar. “Yo escuché que el horno costaba entre doscientos y quinientos ‘palos’ (millones de pesos) y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.
Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. “Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca”.
Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble: “la primera casa en obra negra y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de cinco metros, cuando se llegaba al final se observaba un horno grande de panadería industrial”.
Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: “la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared, tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con tres botones, un botón rojo para prender y los otros dos para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme, tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban dos ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno".
Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas. Y se tenía un procedimiento para ello: “cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alías ‘J’ y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a ‘J’ o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran”.
Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. “A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince”.
Entre las víctimas que recuerda se encuentran dos hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las Farc. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento era usado para “personalidades solamente”.
Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí fue el narcotraficante Julio Cesar Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro y esposo de la modelo Natalia Paris. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante para obtener beneficios jurídicos.
“De ello se enteraron en Antioquia, entonces se reunieron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño. Le querían quitar unas propiedades. Natalia Paris viajó también hasta allá porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio, luego lo mataron y el cuerpo lo llevaron al horno”.
Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias ‘Danielito’, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, dos semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de las Auc. De allí salió porque contra él no pesaba orden de captura de alguna.
“Él fue víctima de su propio invento”, dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. “A Daniel lo desaparecieron junto con diez de sus escoltas en ese horno”. Una noche me llamó un amigo y me dijo ‘se tragaron a Daniel, el patrón’, y nunca más supe de él. Tampoco sé que pasó después con ese horno”.
Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.
Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.
La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de Justicia y Paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.
Fuente: http://www.agenciapensamientocritico.blogspot.com
martes, 11 de mayo de 2010
El Parlamento navarro aprueba una declaración institucional frente a la violación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia y Antioquía
La Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad una declaración institucional frente a la violación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia y Antioquía y el peligro inminente de su extinción física y cultural, presentada por el G.P. Nafarroa-Bai.
La declaración dice lo siguiente:
“1. El Parlamento de Navarra condena la violación de los derechos humanos fundamentales en las comunidades indígenas de Colombia, y en concreto, las poblaciones del Alto Guayabal en el Resguardo Urada Jiguamiando, especialmente por los hostigamientos y ataques producidos el 30 de enero de 2010.
2. El Parlamento de Navarra solicita al Gobierno de España que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, traslade esta declaración de repulsa a las instituciones competentes en Colombia a las que hace un llamamiento a que garanticen y el respeten las normas del Derechos Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular aquellos que garantizan y promueven el respeto por la diversidad étnica y cultural de los Pueblos Indígenas. Para ello, se atienda especialmente a:
- la adopción y efectiva aplicación del respeto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a las recomendaciones estimadas por los Relatores Especiales de la ONU para los Pueblos Indígenas de Colombia.
- el cumplimiento efectivo y en los términos del Auto 004 de 2009, emitido por la Corte Suprema Constitucional colombiana para el diseño y desarrollo del Programa de Garantías y Plan Salvaguarda para los Pueblos Indígenas.
- el cumplimiento de los diferentes acuerdos a través de los cuales el Gobierno Nacional se ha comprometido para compra, adjudicación y saneamiento de títulos de tierras colectivas”.
La declaración dice lo siguiente:
“1. El Parlamento de Navarra condena la violación de los derechos humanos fundamentales en las comunidades indígenas de Colombia, y en concreto, las poblaciones del Alto Guayabal en el Resguardo Urada Jiguamiando, especialmente por los hostigamientos y ataques producidos el 30 de enero de 2010.
2. El Parlamento de Navarra solicita al Gobierno de España que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, traslade esta declaración de repulsa a las instituciones competentes en Colombia a las que hace un llamamiento a que garanticen y el respeten las normas del Derechos Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular aquellos que garantizan y promueven el respeto por la diversidad étnica y cultural de los Pueblos Indígenas. Para ello, se atienda especialmente a:
- la adopción y efectiva aplicación del respeto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a las recomendaciones estimadas por los Relatores Especiales de la ONU para los Pueblos Indígenas de Colombia.
- el cumplimiento efectivo y en los términos del Auto 004 de 2009, emitido por la Corte Suprema Constitucional colombiana para el diseño y desarrollo del Programa de Garantías y Plan Salvaguarda para los Pueblos Indígenas.
- el cumplimiento de los diferentes acuerdos a través de los cuales el Gobierno Nacional se ha comprometido para compra, adjudicación y saneamiento de títulos de tierras colectivas”.
miércoles, 5 de mayo de 2010
ASESINADO EN COLOMBIA EL SINDICALISTA Y DIRIGENTE POLÍTICO, HENRY RAMÍREZ DAZA, REFUGIADO EN ASTURIAS EN EL AÑO 2003
Fue asesinado a tiros, en presencia de su hijo menor de edad, el pasado 11 de abril en la ciudad de Ibagué
El Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu, Rafael Palacios, acaba de tener conocimiento del asesinato de varios disparos en la cabeza, el pasado 11 de abril en la ciudad de Ibagué y en presencia de su hijo menor de edad, del sindicalista y dirigente político HENRY RAMIREZ DAZA.
Durante su etapa como presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas Alcohólicas (SINTRABECOLICAS-CUT), Henry Ramírez Daza fue amenazado de muerte y acogido en el año 2003 dentro del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia. Residió medio año en Perlora y posteriormente en el barrio Pumarín de Xixón, donde compartió el exilio con otros tres sindicalistas amenazados de muerte.
En el momento del crimen, Henry Ramírez Daza era concejal del Partido Liberal del municipio de Ambalema, Departamento del Tolima, donde venía denunciando la corrupción de la administración municipal local, sobre la que pesan acusaciones de vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. El esquema de seguridad que tenía cuando fue sindicalista le fue retirado por el Ministerio del Interior de Colombia quedando indefenso a merced del crimen organizado.
El Director de la Axencia Asturiana de Cooperación, Rafael Palacios, condena el atroz asesinato del ex sindicalista y dirigente político, Henry Ramírez Daza, expresa a su esposa, hijos, familiares y amigos sus más profundas condolencias y realizará todas las acciones posibles para que este crimen no quede en la impunidad.
La próxima semana se convocará una concentración en Asturias de condena por asesinato de Henry Ramírez Daza, de la que se informará próximamente.
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