MONSEÑOR JAIME PRIETO, estará en nuestra memoria como ese luchador persistente por la paz,la solución política y la justicia social para nuestro País.
“Cuando hay grupos internacionales la población los ve como una garantía para su seguridad y los actores armados tienen un impedimento para cometer crímenes de lesa humanidad”. Hablaba con una voz pausada acompañada de la mirada inconfundible del pastor que ve a diario la humillación de su pueblo: “Toda la gente de mi diócesis ha sufrido desplazamientos y pérdida de sus seres queridos”, señalaba monseñor Prieto, obispo de una de las zonas más calientes del país ( Barrancabermeja), donde en el pasado han ocurrido varias masacres de campesinos.
Prieto se lamentaba que a menudo en círculos internacionales se describe a este conflicto como “de baja intensidad”.
“La Iglesia siempre ha favoreciendo la negociación y el diálogo –explicaba este sacerdote- porque un conflicto que dura más de 40 años no puede tener otra salida, y otras soluciones siempre serán parciales, pero no resolverán el problema a largo plazo”.
Monseñor Jaime Prieto no perdía la esperanza en que un final negociado de la guerra pueda ser realidad un día. "Para que esto sea posible, ambos, junto con toda la Iglesia de Colombia y el apoyo de sus amigos en muchas partes del mundo, siguen luchando día a día".
lunes, 30 de agosto de 2010
lunes, 26 de julio de 2010
FOSA COMÚN CON DOS MIL CADÁVERES EN COLOMBIA ES DENUNCIADA EN AUDIENCIA PÚBLICA
YVKE Mundial/Agencias
Audiencia pública sobre la crisis humanitaria en los Llanos Orientales Organizaciones vecinales de la localidad de La Macarena, en el departamento de Meta, oriente de Colombia, ratificaron la denuncia de la existencia de una fosa común con restos de centenares de personas, ubicada cerca de un batallón del Ejército, en contraposición al rechazo que la Cancillería colombiana hizo el miércoles basada en un informe de la Fiscalía, según reporte de la agencia Efe.
Entre las personas que asistieron a la audiencia en La Macarena están la congresista Piedad Córdoba, otros dirigentes del Congreso, lideres del Polo Democrático Alternativo (PDA) e integrantes del cuerpo diplomático
La Audiencia pública versó sobre “la crisis humanitaria en los llanos orientales” colombianos y fue convocada por el Senado de la República a instancias de la Comisión Accidental de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado, cuya coordinación está a cargo de la Senadora del Polo Democrático Alternativo (PDA) Gloria Inés Ramírez Ríos.
Asistieron unos 500 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Guéjar, Guaviare y el Departamento del Caquetá, quienes estuvieron acompañados por una numerosa delegación extranjera compuesta por diez dirigentes sindicales, seis miembros del Parlamento Europeo, tres miembros del Parlamento Británico, tres delegados de España y dos de Estados Unidos, así como de abogados, dirigentes de ONG de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del Congreso de la República y representantes del gobierno colombiano, reportó el sitio web pacocol.org.
“El objeto de la audiencia es conocer la grave situación de derechos humanos que se vive en los llanos orientales de Colombia como consecuencia de la ejecución del Plan Colombia, el Plan Patriota, El Plan Victoria, y El Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que han significado para sus pobladores detenciones masivas, allanamientos de vivienda, maltratos físicos y psicológicos, pérdida de bienes, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, reportó la oficina de prensa de la senadora colombiana Gloria Inés Ramírez.
Según el reporte, el acto en el cementerio de la Macarena tiene un particular significado porque “se rendirá homenaje a las víctimas de desaparición forzada que se encuentran enterradas en ese lugar y que algunas fuentes calculan en más de 2000” dice la nota emitida por la senadora Ramírez.
Los organizadores de la Audiencia esperan que “este acto sirva para sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre la crisis humanitaria que golpea a la población de los llanos orientales y contribuye a que se conozca la verdad sobre los graves hechos ocurridos en esa región, a fin de que se aplique justicia y se repare convenientemente a las víctimas de los crímenes y demás violaciones de los derechos humanos. Así mismo, es de esperar que sus conclusiones constituyan un nuevo impulso al acuerdo humanitario y la solución negociada del conflicto interno que desde hace más de 45 años afecta a nuestro país”.
El reporte de Efe indica que en declaraciones a la emisora La FM, el congresista Iván Cepeda, uno de los principales activistas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), señaló hoy unas 800 personas participaron en la audiencia y que "hay un informe de la Procuraduría que da cuenta de la existencia de ese cementerio, es decir, nosotros no hemos decidido hacer este viaje simplemente por las denuncias de la población sino teniendo en la mano los informes de las mismas instituciones del Estado".
Cepeda añadió que ese reporte de la procuraduría habla de "2.000 personas que estarían supuestamente enterradas" y pidió hoy a las autoridades tomar medidas cautelares sobre el cementerio, porque la protección es sumamente débil, reseñó Efe.
"Lo que podemos decir es que hay un sitio donde hay unas personas enterradas que no es el cementerio del municipio. El Ejército, la unidad militar, era la que tenía control sobre este lugar y la que pidió que estas personas fueran enterradas allí y como se podrá entender esta no es una situación normal ni regular", agregó.
Para observadores que presenciaron la Audiencia, la cual coincidió con la sesión de la OEA que sospechosamente organizaron con urgencia, donde el embajador del gobierno de Alvaro Uribe lanzó una cortina de falsedades contra Venezuela, esta postura inamistosa de Uribe fue para distraer la atención mundial de lo que la Audiencia revelaría.
Por su parte el Abogado Ramiro Orjuela del Colectivo Orlando Flas Borda, afirmó que esta audiencia está motivada por la multiplicidad de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas militares a partir del año 2002 cuando se anuló la zona de distensión. Asegura también que la gran mayoría de los cuerpos encontrados en las fosas comunes pertenecen a campesinos de la región.
Escucha entrevista aquí
http://www.contagioradio.com/otra-mirada/audiencia-de-denuncia-en-la-macarena-meta-por-crimenes-del-plan-consolidacion
Intervención de Iván Cepeda, representante a la Cámara y vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE, en la Audiencia Pública sobre la Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales.
http://www.youtube.com/watch?v=G1J5j7RlVP8&feature=player_embedded
Intervención de Piedad Córdoba, senadora de la República y directora de Colombianas y Colombianos por la Paz, en la Audiencia Pública sobre la Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales. Más información.
http://www.youtube.com/watch?v=iFjCc9iXBck&feature=player_embedded
Audiencia pública sobre la crisis humanitaria en los Llanos Orientales Organizaciones vecinales de la localidad de La Macarena, en el departamento de Meta, oriente de Colombia, ratificaron la denuncia de la existencia de una fosa común con restos de centenares de personas, ubicada cerca de un batallón del Ejército, en contraposición al rechazo que la Cancillería colombiana hizo el miércoles basada en un informe de la Fiscalía, según reporte de la agencia Efe.
Entre las personas que asistieron a la audiencia en La Macarena están la congresista Piedad Córdoba, otros dirigentes del Congreso, lideres del Polo Democrático Alternativo (PDA) e integrantes del cuerpo diplomático
La Audiencia pública versó sobre “la crisis humanitaria en los llanos orientales” colombianos y fue convocada por el Senado de la República a instancias de la Comisión Accidental de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado, cuya coordinación está a cargo de la Senadora del Polo Democrático Alternativo (PDA) Gloria Inés Ramírez Ríos.
Asistieron unos 500 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Guéjar, Guaviare y el Departamento del Caquetá, quienes estuvieron acompañados por una numerosa delegación extranjera compuesta por diez dirigentes sindicales, seis miembros del Parlamento Europeo, tres miembros del Parlamento Británico, tres delegados de España y dos de Estados Unidos, así como de abogados, dirigentes de ONG de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del Congreso de la República y representantes del gobierno colombiano, reportó el sitio web pacocol.org.
“El objeto de la audiencia es conocer la grave situación de derechos humanos que se vive en los llanos orientales de Colombia como consecuencia de la ejecución del Plan Colombia, el Plan Patriota, El Plan Victoria, y El Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que han significado para sus pobladores detenciones masivas, allanamientos de vivienda, maltratos físicos y psicológicos, pérdida de bienes, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, reportó la oficina de prensa de la senadora colombiana Gloria Inés Ramírez.
Según el reporte, el acto en el cementerio de la Macarena tiene un particular significado porque “se rendirá homenaje a las víctimas de desaparición forzada que se encuentran enterradas en ese lugar y que algunas fuentes calculan en más de 2000” dice la nota emitida por la senadora Ramírez.
Los organizadores de la Audiencia esperan que “este acto sirva para sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre la crisis humanitaria que golpea a la población de los llanos orientales y contribuye a que se conozca la verdad sobre los graves hechos ocurridos en esa región, a fin de que se aplique justicia y se repare convenientemente a las víctimas de los crímenes y demás violaciones de los derechos humanos. Así mismo, es de esperar que sus conclusiones constituyan un nuevo impulso al acuerdo humanitario y la solución negociada del conflicto interno que desde hace más de 45 años afecta a nuestro país”.
El reporte de Efe indica que en declaraciones a la emisora La FM, el congresista Iván Cepeda, uno de los principales activistas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), señaló hoy unas 800 personas participaron en la audiencia y que "hay un informe de la Procuraduría que da cuenta de la existencia de ese cementerio, es decir, nosotros no hemos decidido hacer este viaje simplemente por las denuncias de la población sino teniendo en la mano los informes de las mismas instituciones del Estado".
Cepeda añadió que ese reporte de la procuraduría habla de "2.000 personas que estarían supuestamente enterradas" y pidió hoy a las autoridades tomar medidas cautelares sobre el cementerio, porque la protección es sumamente débil, reseñó Efe.
"Lo que podemos decir es que hay un sitio donde hay unas personas enterradas que no es el cementerio del municipio. El Ejército, la unidad militar, era la que tenía control sobre este lugar y la que pidió que estas personas fueran enterradas allí y como se podrá entender esta no es una situación normal ni regular", agregó.
Para observadores que presenciaron la Audiencia, la cual coincidió con la sesión de la OEA que sospechosamente organizaron con urgencia, donde el embajador del gobierno de Alvaro Uribe lanzó una cortina de falsedades contra Venezuela, esta postura inamistosa de Uribe fue para distraer la atención mundial de lo que la Audiencia revelaría.
Por su parte el Abogado Ramiro Orjuela del Colectivo Orlando Flas Borda, afirmó que esta audiencia está motivada por la multiplicidad de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas militares a partir del año 2002 cuando se anuló la zona de distensión. Asegura también que la gran mayoría de los cuerpos encontrados en las fosas comunes pertenecen a campesinos de la región.
Escucha entrevista aquí
http://www.contagioradio.com/otra-mirada/audiencia-de-denuncia-en-la-macarena-meta-por-crimenes-del-plan-consolidacion
Intervención de Iván Cepeda, representante a la Cámara y vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE, en la Audiencia Pública sobre la Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales.
http://www.youtube.com/watch?v=G1J5j7RlVP8&feature=player_embedded
Intervención de Piedad Córdoba, senadora de la República y directora de Colombianas y Colombianos por la Paz, en la Audiencia Pública sobre la Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales. Más información.
http://www.youtube.com/watch?v=iFjCc9iXBck&feature=player_embedded
sábado, 17 de julio de 2010
La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español) apoyamos la legítima labor de CODHES por los DDHH de los desplazados
En los últimos siete años, 13 funcionarios de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES y el hijo menor de uno de ellos, fueron objeto de seguimientos dentro y fuera del país, interceptación de comunicaciones, robo de información, amenazas de muerte y acciones de desprestigio y sabotaje, orientadas desde el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, una agencia del gobierno que depende de la presidencia de la república.
Estas acciones de terrorismo de estado afectaron también a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que adelantan investigaciones sobre nexos de políticos con grupos paramilitares y del narcotráfico, magistrados de la Corte Constitucional, que estudiaban la primera reelección presidencial, defensores de derechos humanos, políticos de oposición, periodistas y líderes sindicales.
Altos funcionarios y agentes del gobierno estarían comprometidos con esta persecución, que se adelantó sin orden judicial, es decir, en un marco de ilegalidad que constituye una ruptura fáctica del estado de derecho y que es inconcebible en un gobierno democrático.
CODHES ha sido un referente nacional e internacional para comprender el desplazamiento forzado y ha contribuido a la adopción de políticas públicas para restablecer los derechos de las personas afectadas y a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de desplazamiento forzado. Su trabajo es necesario porque el desplazamiento forzado sigue ocurriendo en Colombia, en medio del conflicto armado interno y como consecuencia de continuas infracciones al derecho internacional humanitario que comprometen al Estado y a grupos armados de guerrillas y escuadrones paramilitares, y de graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Esta realidad de violencia, destierro y desarraigo afecta a cientos de miles de personas que siguen huyendo, dejando atrás tierras que son ocupadas ilegalmente y destinadas, en algunos casos, a macroproyectos de agrocombustibles o explotación minero-energética, en detrimento de campesinos pobres, pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes, en su mayoría mujeres, niñas y niños.
Además CODHES apoya, desde la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, la sentencia de la Corte Constitucional que declaró desde 2004 la existencia de un estado de cosas inconstitucional, ante la violación masiva de derechos de la población obligada al desplazamiento.
Para proteger esta ONG, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 16 de noviembre de 2009 medidas cautelares y solicitó al gobierno y al estado colombiano revelar los informes de inteligencia que involucran a miembros de CODHES, avances concretos en las investigaciones que adelanta la Fiscalía por los graves hechos denunciados, medidas efectivas de protección y un pronunciamiento público para reafirmar la legitimidad de su trabajo de derechos humanos.
Quienes suscribimos este comunicado en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina, expresamos nuestro apoyo y respaldo a CODHES y solicitamos al nuevo gobierno que reconozca su legítima labor, asegure la suspensión de toda acción ilegal contra sus miembros y otorgue las garantías que aseguren el cumplimiento de su mandato.
Así mismo, expresamos nuestra solidaridad y respaldo a todas las víctimas de estos procedimientos ilegales y plenas garantías a los fiscales que adelantan la investigación y a los jueces, de quienes esperamos pronta y eficaz justicia, para que el país y el mundo conozcan la verdad, condene a los culpables materiales y autores intelectuales de esta empresa criminal. La comunidad internacional debe estar atenta para que estos hechos jamás se repitan en Colombia.
Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español)
formada por:
Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colombia; Coordinadora Catalana per la Pau i el Drets Humans a Colombia; Justicia por Colombia, Kolektiba Colombia, Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia; Plataforma Andaluza de Solidaridad con Colombia; Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia; Soldepaz-Pachakuti
Estas acciones de terrorismo de estado afectaron también a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que adelantan investigaciones sobre nexos de políticos con grupos paramilitares y del narcotráfico, magistrados de la Corte Constitucional, que estudiaban la primera reelección presidencial, defensores de derechos humanos, políticos de oposición, periodistas y líderes sindicales.
Altos funcionarios y agentes del gobierno estarían comprometidos con esta persecución, que se adelantó sin orden judicial, es decir, en un marco de ilegalidad que constituye una ruptura fáctica del estado de derecho y que es inconcebible en un gobierno democrático.
CODHES ha sido un referente nacional e internacional para comprender el desplazamiento forzado y ha contribuido a la adopción de políticas públicas para restablecer los derechos de las personas afectadas y a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de desplazamiento forzado. Su trabajo es necesario porque el desplazamiento forzado sigue ocurriendo en Colombia, en medio del conflicto armado interno y como consecuencia de continuas infracciones al derecho internacional humanitario que comprometen al Estado y a grupos armados de guerrillas y escuadrones paramilitares, y de graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Esta realidad de violencia, destierro y desarraigo afecta a cientos de miles de personas que siguen huyendo, dejando atrás tierras que son ocupadas ilegalmente y destinadas, en algunos casos, a macroproyectos de agrocombustibles o explotación minero-energética, en detrimento de campesinos pobres, pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes, en su mayoría mujeres, niñas y niños.
Además CODHES apoya, desde la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, la sentencia de la Corte Constitucional que declaró desde 2004 la existencia de un estado de cosas inconstitucional, ante la violación masiva de derechos de la población obligada al desplazamiento.
Para proteger esta ONG, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 16 de noviembre de 2009 medidas cautelares y solicitó al gobierno y al estado colombiano revelar los informes de inteligencia que involucran a miembros de CODHES, avances concretos en las investigaciones que adelanta la Fiscalía por los graves hechos denunciados, medidas efectivas de protección y un pronunciamiento público para reafirmar la legitimidad de su trabajo de derechos humanos.
Quienes suscribimos este comunicado en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina, expresamos nuestro apoyo y respaldo a CODHES y solicitamos al nuevo gobierno que reconozca su legítima labor, asegure la suspensión de toda acción ilegal contra sus miembros y otorgue las garantías que aseguren el cumplimiento de su mandato.
Así mismo, expresamos nuestra solidaridad y respaldo a todas las víctimas de estos procedimientos ilegales y plenas garantías a los fiscales que adelantan la investigación y a los jueces, de quienes esperamos pronta y eficaz justicia, para que el país y el mundo conozcan la verdad, condene a los culpables materiales y autores intelectuales de esta empresa criminal. La comunidad internacional debe estar atenta para que estos hechos jamás se repitan en Colombia.
Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español)
formada por:
Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colombia; Coordinadora Catalana per la Pau i el Drets Humans a Colombia; Justicia por Colombia, Kolektiba Colombia, Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia; Plataforma Andaluza de Solidaridad con Colombia; Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia; Soldepaz-Pachakuti
Comunicado por la muerte de integrante de son Batá
“Cómo hacer de nuestra vida una canción, si no conoces entre negros y
blancos cuál es la relación… Cómo hacer de nuestro un mundo un paraíso,
cómo saber de dónde venimos…
Teorías van, teorías vienen y no sabes dónde vas cuándo morimos, quién es
el bueno, quién es el malo, mira, piensa, ¡hey quién es tú hermano!...
cómo es la vida si no queremos lo que tenemos, cómo es el mundo si ahora
somos nosotros los que perdemos, cómo entender el planeta entero, como
comprenderás lo que te digo Hip Hop, papel, esfero es lo único que os
quiero…
Lo siento pero es mi realidad y ahora sigo sin resolver… Las líneas,
nuestro camino, todo lo escrito y lo dicho nuestro destino”.
Poema escrito por Andrés Medina, Noviembre de 2009.
COMUNICANDO NUESTRO DOLOR
La violencia de una ciudad como Medellín ha llevado a que muchos jóvenes
hombres y mujeres nos preguntemos por la posibilidad de construir un lugar de
vida diferente a la frialdad de un cañón y el permanente miedo a la muerte
violenta. En esta ciudad, no todos optaron por tomar un arma, no todas queremos
seguir perpetuando valores como la eliminación al opuesto, al
“equivocado”. En esta ciudad existimos invisibles e inmensas/os jóvenes,
que soñamos y hacemos de nuestros sueños una pregunta vivible, una realidad.
Existimos jóvenes que no queremos domesticar el poder a nuestro antojo, que no
sólo buscamos acabar con las grandes y tangibles estructuras de poder, sino
que buscamos con nuestra música, con nuestra danza, con nuestros gritos, con
nuestra indignación, una vida cercana a la sociedad que a paso vamos
construyendo.
¿Cómo hacer de nuestras vidas una canción?, eso se preguntó uno de esos
jóvenes, uno con el que bailamos y reímos al son de la resistencia. Cómo
cantar a quienes no reconocen que existen los negros y las negras, que existen
la pobreza, que existe el desplazamiento y que existió la operación Orión,
como cantar que queremos vivir, como ser escuchados y entendidos.
No solo mataron un hombre joven, mataron una historia, hecho que se repite y
ningún medio de comunicación se atreve a cuestionar, mataron la historia de
un artista que con su música transportaba y comunicaba su situación. No es el
hijo de un gran empresario, ni de un hacendoso terrateniente, o de un
presidente, o de un alcalde, NO, Andrés Felipe no es nada de eso mataron a un
joven un negro, rapero, un invisible más de la ciudad céntrica y turística.
Manifestamos nuestro rechazo y profunda tristeza por el asesinato de Andrés
Felipe, y seguiremos exigiendo con nuestros cuerpos, el reconocimiento del
valor de la vida. Ningún asesinato es un caso aislado, ninguna muerte violenta
se da porque tenía que ser así, nada justifica el robo de una vida, nada
justifica nuestro silencio. Estamos para seguir gritándole a esta ciudad
nuestro rechazo a políticas que cubren con tarimas y cemento las situaciones
que día a día habitan nuestros barrios.
A la familia de Andrés, a sus amigos y a los parceros de Son Batá
manifestamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento.
Red Juvenil de Medellín.
blancos cuál es la relación… Cómo hacer de nuestro un mundo un paraíso,
cómo saber de dónde venimos…
Teorías van, teorías vienen y no sabes dónde vas cuándo morimos, quién es
el bueno, quién es el malo, mira, piensa, ¡hey quién es tú hermano!...
cómo es la vida si no queremos lo que tenemos, cómo es el mundo si ahora
somos nosotros los que perdemos, cómo entender el planeta entero, como
comprenderás lo que te digo Hip Hop, papel, esfero es lo único que os
quiero…
Lo siento pero es mi realidad y ahora sigo sin resolver… Las líneas,
nuestro camino, todo lo escrito y lo dicho nuestro destino”.
Poema escrito por Andrés Medina, Noviembre de 2009.
COMUNICANDO NUESTRO DOLOR
La violencia de una ciudad como Medellín ha llevado a que muchos jóvenes
hombres y mujeres nos preguntemos por la posibilidad de construir un lugar de
vida diferente a la frialdad de un cañón y el permanente miedo a la muerte
violenta. En esta ciudad, no todos optaron por tomar un arma, no todas queremos
seguir perpetuando valores como la eliminación al opuesto, al
“equivocado”. En esta ciudad existimos invisibles e inmensas/os jóvenes,
que soñamos y hacemos de nuestros sueños una pregunta vivible, una realidad.
Existimos jóvenes que no queremos domesticar el poder a nuestro antojo, que no
sólo buscamos acabar con las grandes y tangibles estructuras de poder, sino
que buscamos con nuestra música, con nuestra danza, con nuestros gritos, con
nuestra indignación, una vida cercana a la sociedad que a paso vamos
construyendo.
¿Cómo hacer de nuestras vidas una canción?, eso se preguntó uno de esos
jóvenes, uno con el que bailamos y reímos al son de la resistencia. Cómo
cantar a quienes no reconocen que existen los negros y las negras, que existen
la pobreza, que existe el desplazamiento y que existió la operación Orión,
como cantar que queremos vivir, como ser escuchados y entendidos.
No solo mataron un hombre joven, mataron una historia, hecho que se repite y
ningún medio de comunicación se atreve a cuestionar, mataron la historia de
un artista que con su música transportaba y comunicaba su situación. No es el
hijo de un gran empresario, ni de un hacendoso terrateniente, o de un
presidente, o de un alcalde, NO, Andrés Felipe no es nada de eso mataron a un
joven un negro, rapero, un invisible más de la ciudad céntrica y turística.
Manifestamos nuestro rechazo y profunda tristeza por el asesinato de Andrés
Felipe, y seguiremos exigiendo con nuestros cuerpos, el reconocimiento del
valor de la vida. Ningún asesinato es un caso aislado, ninguna muerte violenta
se da porque tenía que ser así, nada justifica el robo de una vida, nada
justifica nuestro silencio. Estamos para seguir gritándole a esta ciudad
nuestro rechazo a políticas que cubren con tarimas y cemento las situaciones
que día a día habitan nuestros barrios.
A la familia de Andrés, a sus amigos y a los parceros de Son Batá
manifestamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento.
Red Juvenil de Medellín.
jueves, 24 de junio de 2010
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
Un día después que el presidente Álvaro Uribe Vélez anunciara la necesidad de promover una legislación que blinde a los miembros de las fuerzas militares, la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Popayán, María del Rosario Penagos Paz, decidió condenar a seis de los siete militares implicados en el asesinato de nuestro comunero Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aida Quilcue.
A pesar de sus argumentos, y los pronunciamientos de altos mandos militares, en contra de fallos como el ocurrido contra el coronel Plazas Vega, la justicia ordinaria sigue demostrando la responsabilidad de las fuerzas armadas en graves crímenes internacionales, entre los que se cuentan, el crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, el genocidio, y el crimen de agresión.
Es necesario precisar, que en últimas los soldados hijos de los más humildes del país son quienes se exponen obedeciendo las ordenes de sus superiores, igualmente invitarlos a reflexionar sobre la responsabilidad que están asumiendo pues quienes los obligan a atacar la población civil y cometer este tipo de crímenes siempre se ocultan o se protegen en el manto del poder.
El pueblo Nasa del Cauca, y los demás pueblos indígenas, especialmente la comunidad de Pickwe Tha Fxiw del municipio de Páez, lugar de origen del minguero Edwin Legarda y Aida Quilcue manifestamos nuestra complacencia por el fallo emitido por la Juez en derecho, el mismo compartido por la representante de la Fiscalía General de la Nación y los abogados representantes de las víctimas.
Así mismo agradecemos la actuación oportuna del las autoridades y la guardia indígenas del cauca, quienes identificaron los responsables del crimen y contribuyeron a las pruebas contundentes en el proceso de investigación de la fiscalía y a todos aquellos que acompañaron de manera permanente e incondicional el desarrollo de esta audiencia, en particular a la guardia indígena, autoridades indígenas, las organizaciones sociales, las mujeres, jóvenes y mayores, a los organismos de DDHH, ONGS, medios de comunicación comunitaria entre otros, a la comunidad internacional y demás organizaciones que contribuyeron en la exigencia de la justicia y respeto a la vida digna el cual a la fecha abre el camino para que crímenes de este tipo cometidos por el Estado colombiano, a través del Ejército, no queden en la impunidad.
Este fallo reafirma la autoridad, y la dignidad de los pueblos indígenas y demás sectores sociales del país ya que el propio gobierno ha pretendido deslegitimar mediante señalamientos, amenazas y hostigamientos que lo único que han buscado es criminalizar los procesos sociales y comunitarios romper la unidad indígena regional y nacional y en particular poner en duda el buen nombre nuestra comunera y líder Indígena Aida Quilcue.
Es hora entonces de seguir unidos a pesar de las diferentes estrategias que ha utilizado el gobierno colombiano para desestabilizarnos. Por ello el cabildo Pickwe Tha Fxiw invita a la unidad para continuar perviviendo como pueblos para que conjuntamente rechacemos las políticas que violan los Derechos Humanos y los derechos fundamentales que ponen en riesgo nuestra existencia.
CABILDO INDIGENA NASA PICKWE THA FXIW
Itaibe Páez cauca, Junio 11 del 2010.
A pesar de sus argumentos, y los pronunciamientos de altos mandos militares, en contra de fallos como el ocurrido contra el coronel Plazas Vega, la justicia ordinaria sigue demostrando la responsabilidad de las fuerzas armadas en graves crímenes internacionales, entre los que se cuentan, el crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, el genocidio, y el crimen de agresión.
Es necesario precisar, que en últimas los soldados hijos de los más humildes del país son quienes se exponen obedeciendo las ordenes de sus superiores, igualmente invitarlos a reflexionar sobre la responsabilidad que están asumiendo pues quienes los obligan a atacar la población civil y cometer este tipo de crímenes siempre se ocultan o se protegen en el manto del poder.
El pueblo Nasa del Cauca, y los demás pueblos indígenas, especialmente la comunidad de Pickwe Tha Fxiw del municipio de Páez, lugar de origen del minguero Edwin Legarda y Aida Quilcue manifestamos nuestra complacencia por el fallo emitido por la Juez en derecho, el mismo compartido por la representante de la Fiscalía General de la Nación y los abogados representantes de las víctimas.
Así mismo agradecemos la actuación oportuna del las autoridades y la guardia indígenas del cauca, quienes identificaron los responsables del crimen y contribuyeron a las pruebas contundentes en el proceso de investigación de la fiscalía y a todos aquellos que acompañaron de manera permanente e incondicional el desarrollo de esta audiencia, en particular a la guardia indígena, autoridades indígenas, las organizaciones sociales, las mujeres, jóvenes y mayores, a los organismos de DDHH, ONGS, medios de comunicación comunitaria entre otros, a la comunidad internacional y demás organizaciones que contribuyeron en la exigencia de la justicia y respeto a la vida digna el cual a la fecha abre el camino para que crímenes de este tipo cometidos por el Estado colombiano, a través del Ejército, no queden en la impunidad.
Este fallo reafirma la autoridad, y la dignidad de los pueblos indígenas y demás sectores sociales del país ya que el propio gobierno ha pretendido deslegitimar mediante señalamientos, amenazas y hostigamientos que lo único que han buscado es criminalizar los procesos sociales y comunitarios romper la unidad indígena regional y nacional y en particular poner en duda el buen nombre nuestra comunera y líder Indígena Aida Quilcue.
Es hora entonces de seguir unidos a pesar de las diferentes estrategias que ha utilizado el gobierno colombiano para desestabilizarnos. Por ello el cabildo Pickwe Tha Fxiw invita a la unidad para continuar perviviendo como pueblos para que conjuntamente rechacemos las políticas que violan los Derechos Humanos y los derechos fundamentales que ponen en riesgo nuestra existencia.
CABILDO INDIGENA NASA PICKWE THA FXIW
Itaibe Páez cauca, Junio 11 del 2010.
martes, 1 de junio de 2010
Presentación en Roma de la campaña internacional “Colombia: Defensores de derechos humanos bajo amenaza”
ONGs solicitan al parlamento italiano apoyar a los defensores colombianos y critican la firma del TLC entre la UE y ese país
La Rete Italiana di Solidarietà ¡Colombia Vive! y Oidhaco, representantes de 55 organizaciones italianas y europeas, pidieron a los parlamentarios italianos respaldar la campaña “Colombia. Defensores de derechos humanos bajo amenaza” y que su gobierno exija a Colombia la protección de estos activistas
· Consiguieron el compromiso de algunos diputados para que la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara a través del Comité Permanente para los Derechos Humanos se convierta en vocera de las peticiones para contribuir a la mejora de los derechos humanos en Colombia
· También, que la Comisión de Derechos Humanos del Senado presente ante el gobierno italiano interrogantes sobre las acciones realizadas para exigir al gobierno colombiano acciones concretas de respeto a los derechos humanos
· Solicitaron igualmente, que el parlamento italiano cuestione el TLC entre UE y Colombia
La campaña mundial “Colombia. Defensores de derechos humanos bajo amenaza” ha llegado al parlamento italiano. Ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Carla Mariani, portavoz de la Rete Italiana di Solidarietá ¡Colombia Vive! que agrupa a 25 organizaciones y municipios italianos y Emmanuel Raison, portavoz de Oidhaco –Oficina de Derechos Humanos-Acción Colombia-, red europea con 30 organizaciones como miembros de 10 países de la UE, expusieron la grave crisis humanitaria por la que atraviesa Colombia y solicitaron el respaldo de Italia para contribuir a que los derechos humanos en este país sudamericano sean una prioridad para del gobierno.
Allí fueron recibidos en audiciones especiales por el diputado Furio Colombo y el senador Pietro Marcenaro del Partido Demócrata. “El diputado Colombo nos expresó su deseo de que la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los diputados se haga vocera de nuestras solicitudes para que se presione al gobierno colombiano a proteger a los defensores de derecho humanos y que ponga fin a la persecución de que son víctimas por parte del Estado y de su organismo de inteligencia DAS que depende directamente del presidente Uribe”, manifiesta Carla Mariani, portavoz de la Rete Italiana de Solidarietá ¡Colombia Vive.
Emmanuel Raison, portavoz de Oidhaco, organización europea con sede en Bruselas, solicitó a los diputados y senadores italianos que “arropen a los defensores de derechos humanos colombianos” y que desde Italia respalden públicamente esta campaña que acaba de ser presentada en Roma luego de sus presentaciones en Bogotá, Bruselas, Londres, Washington, Dublín y Berlín. Asimismo, Raison invitó a los parlamentarios para que desde Italia no se apruebe el TLC entre la UE y Colombia “porque no exige a Colombia el respeto a los derechos humanos, no ofrece garantía a los trabajadores y mucho menos a los sindicalistas”. Subrayó además, que “en las negociaciones de este TLC, no existe ninguna investigación previa que garantice que las empresas europeas no realizarán inversiones en las tierras despojadas a miles de colombianos, muchas de ellas arrebatadas luego de asesinar a sus propietarios”.
Mariani y Raison expusieron la gravísima situación de derechos humanos que padece Colombia, país donde se asesina al 60% de los sindicalistas muertos en el mundo; segundo con población desplazada después de Sudán, con más de cuatro millones de refugiados internos; y en donde los defensores de derechos humanos son perseguidos, en algunos casos asesinados y en muchos, obligados a exiliarse en países europeos. También les dieron a conocer el asesinato por parte del Ejército colombiano de más de 2.000 jóvenes de origen humilde para presentarlos como guerrilleros caídos en combate, así como el espionaje ilegal y las amenazas que la institución colombiana de inteligencia, cuyo jefe directo es el presidente Uribe, ha realizado contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, ONGs locales y europeas, periodistas y defensores, organismos internacionales como Naciones Unidas y OEA. Ante este panorama, y en un país con un conflicto armado que ya superó los 40 años, las organizaciones italianas le piden al Parlamento italiano que intervenga para que se detenga la venta de armas desde Italia a Colombia.
“En la Comisión de Derechos del Senado italiano, el senador Pietro Mancero, se comprometió a presentar al gobierno italiano un listado de preguntas para interrogar sobre las acciones realizadas para exigir al gobierno colombiano acciones concretas de respeto a los derechos humanos”, afirmó Mariani. “También, nos aseguró que solicitará a esta Comisión que envíe una carta al próximo presidente de Colombia con el propósito de expresar la preocupación del Senado italiano por la crisis humanitaria y solicitar medidas concretas para la protección de los defensores”, concluyó Mariani, la portavoz de la Rete Italiana di Solidarietà ¡Colombia Vive!
Las organizaciones italianas y europeas entregaron a los parlamentarios las recomendaciones de la campaña internacional “Colombia. Defensores de derechos humanos bajo amenaza”, firmada por 230 organizaciones de cuatro continentes y que ya ha emprendido su labor en la promoción de estas recomendaciones ante los diferentes gobiernos, parlamentos, partidos políticos, organismos internacionales, y que están centradas en las siguientes áreas: impunidad en los casos que involucran a los defensores; uso inapropiado de la inteligencia en su contra; estigmatización de su labor por parte del Estado; investigaciones judiciales sin fundamento contra ellos; y los graves problemas con el programa del gobierno de protección a defensores.
En la presentación de la campaña, estas organizaciones manifestaron además su “enérgico rechazo a todas las prácticas que atentan contra la dignidad humana de los defensores”, e hicieron un llamado a todos los actores armados en Colombia –ejército, grupos paramilitares de extrema derecha y guerrillas de izquierda- a respetar el DIH y las convenciones internacionales.
www.colombiadefensores.org
La Rete Italiana di Solidarietà ¡Colombia Vive! y Oidhaco, representantes de 55 organizaciones italianas y europeas, pidieron a los parlamentarios italianos respaldar la campaña “Colombia. Defensores de derechos humanos bajo amenaza” y que su gobierno exija a Colombia la protección de estos activistas
· Consiguieron el compromiso de algunos diputados para que la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara a través del Comité Permanente para los Derechos Humanos se convierta en vocera de las peticiones para contribuir a la mejora de los derechos humanos en Colombia
· También, que la Comisión de Derechos Humanos del Senado presente ante el gobierno italiano interrogantes sobre las acciones realizadas para exigir al gobierno colombiano acciones concretas de respeto a los derechos humanos
· Solicitaron igualmente, que el parlamento italiano cuestione el TLC entre UE y Colombia
La campaña mundial “Colombia. Defensores de derechos humanos bajo amenaza” ha llegado al parlamento italiano. Ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Carla Mariani, portavoz de la Rete Italiana di Solidarietá ¡Colombia Vive! que agrupa a 25 organizaciones y municipios italianos y Emmanuel Raison, portavoz de Oidhaco –Oficina de Derechos Humanos-Acción Colombia-, red europea con 30 organizaciones como miembros de 10 países de la UE, expusieron la grave crisis humanitaria por la que atraviesa Colombia y solicitaron el respaldo de Italia para contribuir a que los derechos humanos en este país sudamericano sean una prioridad para del gobierno.
Allí fueron recibidos en audiciones especiales por el diputado Furio Colombo y el senador Pietro Marcenaro del Partido Demócrata. “El diputado Colombo nos expresó su deseo de que la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los diputados se haga vocera de nuestras solicitudes para que se presione al gobierno colombiano a proteger a los defensores de derecho humanos y que ponga fin a la persecución de que son víctimas por parte del Estado y de su organismo de inteligencia DAS que depende directamente del presidente Uribe”, manifiesta Carla Mariani, portavoz de la Rete Italiana de Solidarietá ¡Colombia Vive.
Emmanuel Raison, portavoz de Oidhaco, organización europea con sede en Bruselas, solicitó a los diputados y senadores italianos que “arropen a los defensores de derechos humanos colombianos” y que desde Italia respalden públicamente esta campaña que acaba de ser presentada en Roma luego de sus presentaciones en Bogotá, Bruselas, Londres, Washington, Dublín y Berlín. Asimismo, Raison invitó a los parlamentarios para que desde Italia no se apruebe el TLC entre la UE y Colombia “porque no exige a Colombia el respeto a los derechos humanos, no ofrece garantía a los trabajadores y mucho menos a los sindicalistas”. Subrayó además, que “en las negociaciones de este TLC, no existe ninguna investigación previa que garantice que las empresas europeas no realizarán inversiones en las tierras despojadas a miles de colombianos, muchas de ellas arrebatadas luego de asesinar a sus propietarios”.
Mariani y Raison expusieron la gravísima situación de derechos humanos que padece Colombia, país donde se asesina al 60% de los sindicalistas muertos en el mundo; segundo con población desplazada después de Sudán, con más de cuatro millones de refugiados internos; y en donde los defensores de derechos humanos son perseguidos, en algunos casos asesinados y en muchos, obligados a exiliarse en países europeos. También les dieron a conocer el asesinato por parte del Ejército colombiano de más de 2.000 jóvenes de origen humilde para presentarlos como guerrilleros caídos en combate, así como el espionaje ilegal y las amenazas que la institución colombiana de inteligencia, cuyo jefe directo es el presidente Uribe, ha realizado contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, ONGs locales y europeas, periodistas y defensores, organismos internacionales como Naciones Unidas y OEA. Ante este panorama, y en un país con un conflicto armado que ya superó los 40 años, las organizaciones italianas le piden al Parlamento italiano que intervenga para que se detenga la venta de armas desde Italia a Colombia.
“En la Comisión de Derechos del Senado italiano, el senador Pietro Mancero, se comprometió a presentar al gobierno italiano un listado de preguntas para interrogar sobre las acciones realizadas para exigir al gobierno colombiano acciones concretas de respeto a los derechos humanos”, afirmó Mariani. “También, nos aseguró que solicitará a esta Comisión que envíe una carta al próximo presidente de Colombia con el propósito de expresar la preocupación del Senado italiano por la crisis humanitaria y solicitar medidas concretas para la protección de los defensores”, concluyó Mariani, la portavoz de la Rete Italiana di Solidarietà ¡Colombia Vive!
Las organizaciones italianas y europeas entregaron a los parlamentarios las recomendaciones de la campaña internacional “Colombia. Defensores de derechos humanos bajo amenaza”, firmada por 230 organizaciones de cuatro continentes y que ya ha emprendido su labor en la promoción de estas recomendaciones ante los diferentes gobiernos, parlamentos, partidos políticos, organismos internacionales, y que están centradas en las siguientes áreas: impunidad en los casos que involucran a los defensores; uso inapropiado de la inteligencia en su contra; estigmatización de su labor por parte del Estado; investigaciones judiciales sin fundamento contra ellos; y los graves problemas con el programa del gobierno de protección a defensores.
En la presentación de la campaña, estas organizaciones manifestaron además su “enérgico rechazo a todas las prácticas que atentan contra la dignidad humana de los defensores”, e hicieron un llamado a todos los actores armados en Colombia –ejército, grupos paramilitares de extrema derecha y guerrillas de izquierda- a respetar el DIH y las convenciones internacionales.
www.colombiadefensores.org
lunes, 24 de mayo de 2010
RESOLUCION SOBRE LA SITUACION DE LAS MUJERES Y COMUNIDADES EN MEDIO DE LA CRECIENTE MILITARIZACION E INTERVENCION DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunida en el XXXVII Congreso Mundial, en Erevan Armenia celebrado entre el 6 – 10 de de abril del 2010, expresan su extrema preocupación acerca de las situación de las mujeres y comunidades por la intensa militarización del territorio , de la vida civil y de los cuerpos de las mujeres que se intensifica con la presencia de bases militares de los Estados Unidos en Colombia que va implicar un escalonamiento de la guerra en Colombia y el aumento de la tensiones en la región
CONSIDERANDO
Que desde el año 2002 fecha en que inició el primer Gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez se ha aplicado la llamada política de seguridad democrática que niega la existencia del conflicto social y armado en Colombia, calificándolo como una lucha contra el terrorismo que ha originado el desconocimiento del principio de distinción entre civiles y combatientes, el involucramiento de la población civil a través de los programas como la red de informantes, soldados de mi pueblo y soldados por un día , y en consecuencia la vulneración de los principios consagrados en el Derecho Internacional humanitario ratificados por el Estado Colombiano-
Que nuestra preocupación aumenta al constatar que el Gobierno colombiano toma decisiones que ponen en juego la soberanía debido a las injerencias directas provenientes de los mal llamados “convenios de cooperación internacional de seguridad” a través de los cuales se permite la presencia y el establecimiento de tropas estadounidenses en siete territorios de Colombia mediante la entrega de igual numero de bases aéreas, de la armada y del Ejército en Palanquero (centro), Apiay (este) y Malambo (caribe Norte); los fuertes del Ejército Tres Esquinas (Sur), Tolemaida (centro) y las bases navales de Cartagena (caribe Norte) y Bahia Málaga (pacifico oeste) donde se situarán 800 militares y 400 contratistas gozando de plena inmunidad y constituyendo con ello una entrega de la soberanía e institucionalizando la impunidad frente a la violación de las leyes, la constitución y los derechos humanos como ya ha ocurrido con soldados norteamericanos implicados en crímenes y trafico de estupefacientes.
Que la creciente militarización de los territorios, de la vida civil y de los cuerpos de las mujeres en el contexto del conflicto armado interno que vive Colombia, ha significado el incremento de violaciones a los derechos humanos, la agudización del conflicto armado y de mediante las ejecuciones extrajudiciales (de mas de 1600 casos denunciados, mas de 800 corresponden a los últimos 6 años), la judicialización de defensores de derechos humanos, la persecución a través de los organismos de inteligencia dirigida a las dirigentes y organizaciones sociales.
Que la militarización incrementa y profundiza las violencias contra la mujer pues la lógica de la guerra en Colombia ha mostrado como se concibe y trata la vida y el cuerpo de las mujeres como territorio de control y poder mediante la ocupación de los cuerpos de las mujeres por las diferentes fuerzas políticas, militares y económicas en confrontación: el cuerpo como territorio de violencia.
Que ha sido ampliamente reconocido y ratificado por el auto 092 emitido por la Corte Constitucional , el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre las mujeres colombianas y que la situación de las mujeres víctimas demuestra la gravedad de la violencia de género en el país; auto en el que la alta Corte hace un completo análisis de las diferentes violencias de género y considera que éstas se exacerban en medio del conflicto armado.
Que muchas mujeres colombianas, desde lo profundo de sus vientres y con la fuerza de la razón, de la organización y la movilización, así como el amor por sus hijos e hijas y por su país, ven con preocupación la entrega del territorio y soberanía, pues estas se constituyen en campos de batalla para resolver conflictos internos y en la concreción de las estrategias políticas, económicas y militares contra un continente que avanza en la construcción de su propio destino.
Que la ubicación de las siete bases militares con presencia norteamericana en Colombia hace parte de una decisión política geoestratégica que permite controlar la orbita geoestacionaria: es una orbita que gira directamente sobre el Ecuador terrestre. Diez países en el mundo tienen órbitas geoestacionarias: Brasil, Colombia, Ecuador, Congo, Gabón, Indonesia, Kenia, Somalia, Uganda, Zaire, y esto explica el interés del Pentágono de consolidar su presencia en Colombia.
Que las bases militares norteamericanas en Colombia son una estrategia militar y de seguridad para el control de América del Sur cuyos propósitos se resumen en: 1) exploraciones y valoraciones estratégicas. 2) control de la población y de la propiedad del suelo. 3) adecuación de los territorios construcción de infraestructuras 4) Control militar del desarrollo 5) Control fiscal y financiero 6) Acuerdos comerciales y ajustes normativos. 7) Redoblamiento humanitario para la producción.
Que la preocupación por la presencia militar norteamericana en las bases colombianas y en las condiciones de inmunidad planteadas, tiene efectos muy negativos para el disfrute de los derechos humanos y de la paz en Colombia, afectando la estabilidad regional.
Que el incremento de la capacidad de las instituciones colombianas para conducir operaciones de inteligencia y espionaje, el apoyo logístico y mejoramiento de la “seguridad” en el contexto actual de gigantescas operaciones ilegales de inteligencia, constituyen una amenaza para las ya disminuidas democracia, garantías y libertades individuales.
Que la presencia y uso de las bases militares norteamericanas aumentara los riesgos de violencia sexual hacia las mujeres, jóvenes y niñas como se ha demostrado en casos de violación sexual de niñas menores, en las que se han visto envueltos militares estadounidenses adscritos al Plan Colombia; y en otro caso de elaboración de videos pornográficos donde aparece mujeres jóvenes de la zona con militares y técnicos estadounidenses.
RESUELVE.
Exigir al Estado colombiano poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y a la impunidad de estos casos, enjuiciar y castigar a los responsables.
Exigirle al gobierno colombiano dar a conocer en su totalidad y esencia el convenio de cooperación militar firmado entre Colombia y estados unidos.
Establecer una veeduría sociedad civil y comunidad internacional para el seguimiento de los impactos de las bases en las mujeres, territorios y en la región.
Exigir al gobierno nacional el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección de las mujeres y niñas frente a todo tipo de violencias y poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con la violencia de género.
Exigir a los gobiernos de Colombia y Norteamérica amplias garantías públicas sobre el uso de estas bases y que estas no sean utilizadas para agredir ningún país americano.
Exigir la transparencia del proceso y porque los términos de la inmunidad jurídica para militares y contratistas estadounidenses no se definan haciendo uso de cláusulas confidenciales exentas al control democrático. Sobre este principio, podemos abanderar una limitación de la inmunidad que asegure que las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no queden excluidas de la jurisdicción colombiana. Esta apuesta debe poner acento en la no inmunidad para crímenes sexuales, dada la recurrencia y gravedad de esta conducta en casos de tropas extranjeras. También debemos considerar la exclusión de otros delitos que, aunque no constituyan violaciones a los derechos humanos, su inmunidad puede significar una negación al derecho de acceso a la justicia para las personas implicadas.
Ereván, abril de 2010
CONSIDERANDO
Que desde el año 2002 fecha en que inició el primer Gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez se ha aplicado la llamada política de seguridad democrática que niega la existencia del conflicto social y armado en Colombia, calificándolo como una lucha contra el terrorismo que ha originado el desconocimiento del principio de distinción entre civiles y combatientes, el involucramiento de la población civil a través de los programas como la red de informantes, soldados de mi pueblo y soldados por un día , y en consecuencia la vulneración de los principios consagrados en el Derecho Internacional humanitario ratificados por el Estado Colombiano-
Que nuestra preocupación aumenta al constatar que el Gobierno colombiano toma decisiones que ponen en juego la soberanía debido a las injerencias directas provenientes de los mal llamados “convenios de cooperación internacional de seguridad” a través de los cuales se permite la presencia y el establecimiento de tropas estadounidenses en siete territorios de Colombia mediante la entrega de igual numero de bases aéreas, de la armada y del Ejército en Palanquero (centro), Apiay (este) y Malambo (caribe Norte); los fuertes del Ejército Tres Esquinas (Sur), Tolemaida (centro) y las bases navales de Cartagena (caribe Norte) y Bahia Málaga (pacifico oeste) donde se situarán 800 militares y 400 contratistas gozando de plena inmunidad y constituyendo con ello una entrega de la soberanía e institucionalizando la impunidad frente a la violación de las leyes, la constitución y los derechos humanos como ya ha ocurrido con soldados norteamericanos implicados en crímenes y trafico de estupefacientes.
Que la creciente militarización de los territorios, de la vida civil y de los cuerpos de las mujeres en el contexto del conflicto armado interno que vive Colombia, ha significado el incremento de violaciones a los derechos humanos, la agudización del conflicto armado y de mediante las ejecuciones extrajudiciales (de mas de 1600 casos denunciados, mas de 800 corresponden a los últimos 6 años), la judicialización de defensores de derechos humanos, la persecución a través de los organismos de inteligencia dirigida a las dirigentes y organizaciones sociales.
Que la militarización incrementa y profundiza las violencias contra la mujer pues la lógica de la guerra en Colombia ha mostrado como se concibe y trata la vida y el cuerpo de las mujeres como territorio de control y poder mediante la ocupación de los cuerpos de las mujeres por las diferentes fuerzas políticas, militares y económicas en confrontación: el cuerpo como territorio de violencia.
Que ha sido ampliamente reconocido y ratificado por el auto 092 emitido por la Corte Constitucional , el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre las mujeres colombianas y que la situación de las mujeres víctimas demuestra la gravedad de la violencia de género en el país; auto en el que la alta Corte hace un completo análisis de las diferentes violencias de género y considera que éstas se exacerban en medio del conflicto armado.
Que muchas mujeres colombianas, desde lo profundo de sus vientres y con la fuerza de la razón, de la organización y la movilización, así como el amor por sus hijos e hijas y por su país, ven con preocupación la entrega del territorio y soberanía, pues estas se constituyen en campos de batalla para resolver conflictos internos y en la concreción de las estrategias políticas, económicas y militares contra un continente que avanza en la construcción de su propio destino.
Que la ubicación de las siete bases militares con presencia norteamericana en Colombia hace parte de una decisión política geoestratégica que permite controlar la orbita geoestacionaria: es una orbita que gira directamente sobre el Ecuador terrestre. Diez países en el mundo tienen órbitas geoestacionarias: Brasil, Colombia, Ecuador, Congo, Gabón, Indonesia, Kenia, Somalia, Uganda, Zaire, y esto explica el interés del Pentágono de consolidar su presencia en Colombia.
Que las bases militares norteamericanas en Colombia son una estrategia militar y de seguridad para el control de América del Sur cuyos propósitos se resumen en: 1) exploraciones y valoraciones estratégicas. 2) control de la población y de la propiedad del suelo. 3) adecuación de los territorios construcción de infraestructuras 4) Control militar del desarrollo 5) Control fiscal y financiero 6) Acuerdos comerciales y ajustes normativos. 7) Redoblamiento humanitario para la producción.
Que la preocupación por la presencia militar norteamericana en las bases colombianas y en las condiciones de inmunidad planteadas, tiene efectos muy negativos para el disfrute de los derechos humanos y de la paz en Colombia, afectando la estabilidad regional.
Que el incremento de la capacidad de las instituciones colombianas para conducir operaciones de inteligencia y espionaje, el apoyo logístico y mejoramiento de la “seguridad” en el contexto actual de gigantescas operaciones ilegales de inteligencia, constituyen una amenaza para las ya disminuidas democracia, garantías y libertades individuales.
Que la presencia y uso de las bases militares norteamericanas aumentara los riesgos de violencia sexual hacia las mujeres, jóvenes y niñas como se ha demostrado en casos de violación sexual de niñas menores, en las que se han visto envueltos militares estadounidenses adscritos al Plan Colombia; y en otro caso de elaboración de videos pornográficos donde aparece mujeres jóvenes de la zona con militares y técnicos estadounidenses.
RESUELVE.
Exigir al Estado colombiano poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y a la impunidad de estos casos, enjuiciar y castigar a los responsables.
Exigirle al gobierno colombiano dar a conocer en su totalidad y esencia el convenio de cooperación militar firmado entre Colombia y estados unidos.
Establecer una veeduría sociedad civil y comunidad internacional para el seguimiento de los impactos de las bases en las mujeres, territorios y en la región.
Exigir al gobierno nacional el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección de las mujeres y niñas frente a todo tipo de violencias y poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con la violencia de género.
Exigir a los gobiernos de Colombia y Norteamérica amplias garantías públicas sobre el uso de estas bases y que estas no sean utilizadas para agredir ningún país americano.
Exigir la transparencia del proceso y porque los términos de la inmunidad jurídica para militares y contratistas estadounidenses no se definan haciendo uso de cláusulas confidenciales exentas al control democrático. Sobre este principio, podemos abanderar una limitación de la inmunidad que asegure que las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no queden excluidas de la jurisdicción colombiana. Esta apuesta debe poner acento en la no inmunidad para crímenes sexuales, dada la recurrencia y gravedad de esta conducta en casos de tropas extranjeras. También debemos considerar la exclusión de otros delitos que, aunque no constituyan violaciones a los derechos humanos, su inmunidad puede significar una negación al derecho de acceso a la justicia para las personas implicadas.
Ereván, abril de 2010
jueves, 20 de mayo de 2010
Entrevista con Aura Elisabeth Rodríguez, activista colombiana.
"Firmar un tratado con Uribe es felicitarle por acciones inadmisibles"
La directora ejecutiva de la Corporación Cactus, una ONG de desarrollo, considera que el conflicto armado interno de Colombia penetra cada vez más en las instituciones y que una salida negociada debería estar en la agenda del próximo presidente que saldrá de las elecciones, cuya primera vuelta se celebrará el próximo 30 de mayo. Para esta activista, la presión internacional es fundamental y acuerdos como el Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea firmó ayer con Colombia en la cumbre de Madrid no ayudan, al suponer un espaldarazo a un Gobierno, liderado por el presidente Álvaro Uribe, incapaz de proteger a la población de graves abusos contra los derechos humanos.
¿Qué agenda de derechos humanos cree que debe tener el próximo gobierno?
El tema de los derechos humanos es un gran reto, independientemente de quién gane. Podemos cambiar de gobierno, pero estructuralmente el sistema y la violación de derechos humanos van a continuar, es lo que ha demostrado históricamente el país. Se necesitan armas mucho más fuertes frente a eso. Esperamos que haya una vía negociada al conflicto armado colombiano.
El paramilitarismo ha contaminado el poder legislativo. El Ejecutivo es sospechoso de espionaje a la oposición y grupos de derechos humanos. En ese contexto de descrédito institucional, ¿es la Corte Constitucional una especie de rayo de luz?
En el Congreso anterior, de 237 congresistas, 121 han sido o están siendo investigados por vínculos directos con los paramilitares. En el nuevo Congreso, también hay vínculos, con las esposas de los anteriores accediendo al escaño, así que no hay cambio estructural. Pero, además, el Gobierno ha deslegitimado su propia acción, con todo lo ocurrido con las llamadas chuzadas, [intercepciones telefónicas], donde incluso la oficina de la ONU fue interceptada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), nuestras plataformas de derechos humanos perseguidas, los altos tribunales también. Ahora, cuando vas a ver a los jueces, te hablan con la radio alta al lado, con ruido, para que se distorsione lo que dices y no pueda ser captado. En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido muy fuerte. Se ha pronunciado frente a la situación de desplazamiento, frente a la discriminación de las mujeres y declaró inconstitucional el tercer mandato cuando el Congreso ya lo había aprobado. Es una esperanza para el fortalecimiento de la institucionalidad colombiana.
Cerrada la vía del tercer mandato de Uribe, el candidato del Partido de la U es el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que podría llegar a ser el próximo presidente.
Para nosotros, es inaceptable. No podemos confiar en alguien que era el ministro al frente de Defensa cuando ocurrieron los falsos positivos [asesinatos de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate]. Las ejecuciones extrajudiciales continúan y no sólo eso, los responsables están quedando en libertad. La propia relatora de Derechos Humanos de la ONU dice en un informe que "los abogados defensores [de los militares imputados] han recurrido a prácticas dilatorias e injustificadas mediante presiones y han pretendido que los testigos cambien sus testimonios".
¿Qué le piden al Gobierno de España?
Frente a toda esta situación, nos preguntamos ¿cómo van a firmar un Tratado de Libre Comercio con este Gobierno? Es legitimarlo, es como si se le felicitara por estas acciones que son inadmisibles. El Gobierno español le reconoce logros al colombiano. Las organizaciones de derechos humanos no podemos compartir esta visión. Mientras nuestro Gobierno dice que no existe el conflicto, que se acabó, las evidencias muestran todo lo contrario.
Fuente: http://www.publico.es/internacional/314046/firmar/tratado/uribe/felicitarle/acciones/inadmisibles
Estado Colombiano emula crímenes Nazis: Paramilitares y Hornos Crematorios... El mundo no puede seguir impávido
“(…)Lo echaron vivo ahí(…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”
“cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’(...) Llevaban una carpeta donde anotaban todo(...)”
“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", les confesó el ex paramilitar a los investigadores.
Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.
Lo que revela este tipo de criminalidad es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.
Los paramilitares, esa Estrategia de Terrorismo de estado al servicio de magnates y multinacionales, están arrojando revelaciones macabras ante la fiscalía, ante las cuales el mundo no puede seguir indiferente e impasible.
Los paramilitares, esa Estrategia Estatal de mercenarios para eliminar a los “rojos”, a toda oposición, y a cualquiera que les estorbe, así sea de sus mismas estructuras gremiales, están hablando.
El Paramilitarismo es una estructura que ahora mismo hace su operación Make-UP, recomendada por USA; o sea fingir desmovilizarse, cambiar de nombre y seguir perpetrando las masacres… y para tales efectos, los paramilitares dan uno que otro dato acerca de ubicación de fosas comunes, de metodología de torturas y desaparición…
Los ’paras’ también tenían crematorios en Antioquia
Mayo 2010, Verdad Abierta e Informe Fiscalía de audiencias a paramilitares .
Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio y se espera que otros ex mercenarios aporten más información.
La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.
De este macabro mecanismo se han tenido referencias de su existencia en Norte de Santander. Paramilitares de las Auc que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias ‘el iguano’, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas.
En Medellín el tema de los hornos crematorios de las Auc no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y “la quemaban” para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto.
No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información.
Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta.com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el Oriente antioqueño.
Verdadabierta.com reserva la identidad del ex paramilitar que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de las Auc.
“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", le confesó el ex paramilitar a los investigadores.
Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. “Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las Auc cayeron presos”.
A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión. Del Estado Mayor de las Auc, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil, vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio: “La idea del horno la dio ‘Doblecero’ y la materializó Daniel Mejía”.
Para esos años, Mauricio García, alias ‘Doblecero’, era el comandante del Bloque Metro y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, se había integrado al bloques Cacique Nutibara, facción de las Auc que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.
“De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las Auc y de la Oficina de Envigado”, dijo el ex paramilitar. “Yo escuché que el horno costaba entre doscientos y quinientos ‘palos’ (millones de pesos) y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.
Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. “Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca”.
Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble: “la primera casa en obra negra y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de cinco metros, cuando se llegaba al final se observaba un horno grande de panadería industrial”.
Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: “la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared, tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con tres botones, un botón rojo para prender y los otros dos para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme, tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban dos ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno".
Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas. Y se tenía un procedimiento para ello: “cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alías ‘J’ y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a ‘J’ o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran”.
Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. “A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince”.
Entre las víctimas que recuerda se encuentran dos hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las Farc. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento era usado para “personalidades solamente”.
Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí fue el narcotraficante Julio Cesar Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro y esposo de la modelo Natalia Paris. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante para obtener beneficios jurídicos.
“De ello se enteraron en Antioquia, entonces se reunieron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño. Le querían quitar unas propiedades. Natalia Paris viajó también hasta allá porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio, luego lo mataron y el cuerpo lo llevaron al horno”.
Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias ‘Danielito’, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, dos semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de las Auc. De allí salió porque contra él no pesaba orden de captura de alguna.
“Él fue víctima de su propio invento”, dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. “A Daniel lo desaparecieron junto con diez de sus escoltas en ese horno”. Una noche me llamó un amigo y me dijo ‘se tragaron a Daniel, el patrón’, y nunca más supe de él. Tampoco sé que pasó después con ese horno”.
Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.
Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.
La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de Justicia y Paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.
Fuente: http://www.agenciapensamientocritico.blogspot.com
“cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’(...) Llevaban una carpeta donde anotaban todo(...)”
“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", les confesó el ex paramilitar a los investigadores.
Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.
Lo que revela este tipo de criminalidad es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.
Los paramilitares, esa Estrategia de Terrorismo de estado al servicio de magnates y multinacionales, están arrojando revelaciones macabras ante la fiscalía, ante las cuales el mundo no puede seguir indiferente e impasible.
Los paramilitares, esa Estrategia Estatal de mercenarios para eliminar a los “rojos”, a toda oposición, y a cualquiera que les estorbe, así sea de sus mismas estructuras gremiales, están hablando.
El Paramilitarismo es una estructura que ahora mismo hace su operación Make-UP, recomendada por USA; o sea fingir desmovilizarse, cambiar de nombre y seguir perpetrando las masacres… y para tales efectos, los paramilitares dan uno que otro dato acerca de ubicación de fosas comunes, de metodología de torturas y desaparición…
Los ’paras’ también tenían crematorios en Antioquia
Mayo 2010, Verdad Abierta e Informe Fiscalía de audiencias a paramilitares .
Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio y se espera que otros ex mercenarios aporten más información.
La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.
De este macabro mecanismo se han tenido referencias de su existencia en Norte de Santander. Paramilitares de las Auc que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias ‘el iguano’, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas.
En Medellín el tema de los hornos crematorios de las Auc no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y “la quemaban” para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto.
No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información.
Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta.com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el Oriente antioqueño.
Verdadabierta.com reserva la identidad del ex paramilitar que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de las Auc.
“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", le confesó el ex paramilitar a los investigadores.
Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. “Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las Auc cayeron presos”.
A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión. Del Estado Mayor de las Auc, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil, vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio: “La idea del horno la dio ‘Doblecero’ y la materializó Daniel Mejía”.
Para esos años, Mauricio García, alias ‘Doblecero’, era el comandante del Bloque Metro y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, se había integrado al bloques Cacique Nutibara, facción de las Auc que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.
“De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las Auc y de la Oficina de Envigado”, dijo el ex paramilitar. “Yo escuché que el horno costaba entre doscientos y quinientos ‘palos’ (millones de pesos) y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.
Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. “Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca”.
Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble: “la primera casa en obra negra y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de cinco metros, cuando se llegaba al final se observaba un horno grande de panadería industrial”.
Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: “la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared, tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con tres botones, un botón rojo para prender y los otros dos para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme, tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban dos ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno".
Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas. Y se tenía un procedimiento para ello: “cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alías ‘J’ y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a ‘J’ o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran”.
Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. “A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince”.
Entre las víctimas que recuerda se encuentran dos hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las Farc. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento era usado para “personalidades solamente”.
Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí fue el narcotraficante Julio Cesar Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro y esposo de la modelo Natalia Paris. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante para obtener beneficios jurídicos.
“De ello se enteraron en Antioquia, entonces se reunieron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño. Le querían quitar unas propiedades. Natalia Paris viajó también hasta allá porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio, luego lo mataron y el cuerpo lo llevaron al horno”.
Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias ‘Danielito’, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, dos semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de las Auc. De allí salió porque contra él no pesaba orden de captura de alguna.
“Él fue víctima de su propio invento”, dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. “A Daniel lo desaparecieron junto con diez de sus escoltas en ese horno”. Una noche me llamó un amigo y me dijo ‘se tragaron a Daniel, el patrón’, y nunca más supe de él. Tampoco sé que pasó después con ese horno”.
Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.
Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.
La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de Justicia y Paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.
Fuente: http://www.agenciapensamientocritico.blogspot.com
martes, 11 de mayo de 2010
El Parlamento navarro aprueba una declaración institucional frente a la violación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia y Antioquía
La Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad una declaración institucional frente a la violación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia y Antioquía y el peligro inminente de su extinción física y cultural, presentada por el G.P. Nafarroa-Bai.
La declaración dice lo siguiente:
“1. El Parlamento de Navarra condena la violación de los derechos humanos fundamentales en las comunidades indígenas de Colombia, y en concreto, las poblaciones del Alto Guayabal en el Resguardo Urada Jiguamiando, especialmente por los hostigamientos y ataques producidos el 30 de enero de 2010.
2. El Parlamento de Navarra solicita al Gobierno de España que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, traslade esta declaración de repulsa a las instituciones competentes en Colombia a las que hace un llamamiento a que garanticen y el respeten las normas del Derechos Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular aquellos que garantizan y promueven el respeto por la diversidad étnica y cultural de los Pueblos Indígenas. Para ello, se atienda especialmente a:
- la adopción y efectiva aplicación del respeto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a las recomendaciones estimadas por los Relatores Especiales de la ONU para los Pueblos Indígenas de Colombia.
- el cumplimiento efectivo y en los términos del Auto 004 de 2009, emitido por la Corte Suprema Constitucional colombiana para el diseño y desarrollo del Programa de Garantías y Plan Salvaguarda para los Pueblos Indígenas.
- el cumplimiento de los diferentes acuerdos a través de los cuales el Gobierno Nacional se ha comprometido para compra, adjudicación y saneamiento de títulos de tierras colectivas”.
La declaración dice lo siguiente:
“1. El Parlamento de Navarra condena la violación de los derechos humanos fundamentales en las comunidades indígenas de Colombia, y en concreto, las poblaciones del Alto Guayabal en el Resguardo Urada Jiguamiando, especialmente por los hostigamientos y ataques producidos el 30 de enero de 2010.
2. El Parlamento de Navarra solicita al Gobierno de España que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, traslade esta declaración de repulsa a las instituciones competentes en Colombia a las que hace un llamamiento a que garanticen y el respeten las normas del Derechos Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular aquellos que garantizan y promueven el respeto por la diversidad étnica y cultural de los Pueblos Indígenas. Para ello, se atienda especialmente a:
- la adopción y efectiva aplicación del respeto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a las recomendaciones estimadas por los Relatores Especiales de la ONU para los Pueblos Indígenas de Colombia.
- el cumplimiento efectivo y en los términos del Auto 004 de 2009, emitido por la Corte Suprema Constitucional colombiana para el diseño y desarrollo del Programa de Garantías y Plan Salvaguarda para los Pueblos Indígenas.
- el cumplimiento de los diferentes acuerdos a través de los cuales el Gobierno Nacional se ha comprometido para compra, adjudicación y saneamiento de títulos de tierras colectivas”.
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